El Gobierno autoritario de Perú bajo el mando de la presidenta designada Dina Boluarte, aprobó una ley que busca sancionar a las ONGs (Organizaciones No Gubernamentales) que reciben fondos de la cooperación internacional y que están en contra de las violaciones de derechos humanos cometidos por la propia presidencia del país andino.

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La abogada Vanessa Cueto, vicepresidenta de Derechos, Ambiente y Recursos (DAR), ONG que defiende a damnificados por derrames de petróleo cometidos por la estatal Petroperú y otras empresas privadas, apunta que “no es una ley sólo contra las ONG, sino contra ciudadanos que no cuentan con recursos para su legítima defensa y que muchas veces fueron apoyados por la cooperación internacional”.

“En casos como los derrames hay acciones contra el Gobierno por incumplimientos en la remediación de la contaminación. Asimismo, vulneraría la posibilidad de que apoyemos técnicamente en casos frente a la CIDH y la Corte IDH. Sería una ley inconstitucional en caso de promulgarse”, agrega.

Aunado a ello, vale acotar que la medida legal impuesta, constituye una estrategia para evadir los reclamos de los peruanos, pues al verse limitados a pagar abogados, los nacionales acuden a la defensa que les brindan las ONGs.

Ello ha provocado que desde el Gobierno se difame el papel de las ONGs dentro del país, a las que catalogan como defensoras de «terroristas y delincuentes».

Por otro lado, las organizaciones no gubernamentales han denunciado el abuso de poder del régimen de Boluarte, denuncias que son replicadas por los medios y que también se financian de fondos de la cooperación extranjera, por lo que la ley busca además desmantelar cualquier tipo de denuncia.

Por si fuera poco, el marco legal, que aún está pendiente de promulgación, comprende la criminalización de la defensa legal en contra el Estado peruano en tribunales nacionales e internacionales.

Asimismo, de forma represiva, sostiene que toda actividad que comprende a las ONG se autorice por medio de la la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) controlada por el Gobierno.

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